Toman la cárcel de Ayutla para exigir la libertad de policías comunitarios en Guerrero
Argenis Salmerón
Ayutla
Marchan unos 500 manifestantes, ponen cadenas y candados al Juzgado y al MP
Se plantan en el penal donde están siete policías comunitarios y un desplazado de La Laguna, presos “injustamente”
Cierran familiares de presos políticos de manera indefinida la cárcel de Ayutla por su libertad
Marchan unos 500 manifestantes, ponen cadenas y candados al Juzgado y al MP. Se plantan en el penal donde están siete policías comunitarios y un desplazado, presos “injustamente”
Unos 500 vecinos de distintas comunidades de Ayutla y Acapulco, encabezados por las esposas de los presos políticos de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, marcharon y cerraron de manera indefinida la cárcel de ese municipio en demanda de la liberación de los policías comunitarios recluidos desde hace más de dos años.
Los manifestantes cerraron con cadenas y candados el Juzgado y el Ministerio Público (MP) de Ayutla ante la falta de compromiso del gobernador, Rogelio Ortega Martínez.
Hasta las 11 de la noche los manifestantes no habían sido atendidos por las autoridades del gobierno del estado, solamente por el fiscal regional de la Costa Chica, Víctor Parra Téllez, quien les pidió que liberaran el MP. Los inconformes accedieron a abrir el edificio, pero sólo en caso de una emergencia.
A las 12 del día los pobladores de las distintas comunidades se congregaron en la Unidad Deportiva de Ayutla, avanzaron y cerraron el Juzgado, el MP y culminaron en un plantón en la cárcel de esta cabecera municipal.
Los manifestantes llevaron cuatro cadenas y cinco candados con los que cerraron las puertas de acceso del Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Allende, la agencia del Ministerio Público y la cárcel. Pidieron a los trabadores que salieran porque las oficinas serían cerradas; la indicacion fue atendida sin confrontaciones.
En la cárcel informaron que su protesta incluía el cierre de la prisión, pero el director y los policias se negaron a dejar las instalaciones, entonces acordaron que se les permitiría pasar comida.
Siete policías estatales llegaron en una patrulla a las 2 de la tarde, y permanecieron a unos 100 metros de la cárcel de Ayutla, lo que fue calificado como una acción para intimidar a los manifestantes, aunque dos horas después los policías se retiraron.
Vía telefónica, el policía comunitario Ángel García García se quejó de que el director del penal de Ayutla, de quien no proporcionó su nombre, incitó a los demás recluidos ?que no son de la CRAC? a ponerse en contra de ellos, y responsabilizó al director de cualquier incidente dentro de la prisión.
En el recorrido, los manifestantes gritaron consignas como “libertad, libertad a los presos por luchar”, “presos políticos libertad” y “porque luchan por la tierra, por eso los encierran”.
En declaraciones, uno de los coordinadores del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Oger Morales Miranda pidió la liberación de los presos políticos del estado, pero en especial de los policías comunitarios de la CRAC.
Advirtió que la cárcel de Ayutla, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, no será liberada hasta que los siete policías comunitarios y un desplazado de Coyuca de Catalán sean liberados.
Mencionó que el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el 17 de junio visitó la cárcel de Ayutla y se comprometió a liberar a los presos políticos, pero no ha cumplido.
“Nosotros pedimos la libertad de Nestora Salgado, de Gonzalo Molina y de Arturo Campos, pero hoy (ayer) de manera especial por los de la CRAC”, puntualizó.
Además de los presos políticos está el desplazado por la violencia de La Laguna, Coyuca de Catalán, Gildardo Díaz Pérez.
El 21 de agosto de 2013, seis policías comunitarios fueron detenidos por efectivos de las diversas corporaciones policiacas mediante una operación en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El 1 de diciembre de ese año, Arturo Campos fue detenido cerca de la central de combis del servicio público de la ruta Chilpancingo-Tixtla, tras participar en un acto por la libertad de 12 integrantes de la CRAC encarcelados.
Falta voluntad del gobierno del estado, denuncia Tlachinollan
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García declaró que la falta de voluntad del gobierno del estado tiene detenido el proceso de liberación de los siete policías comunitarios y el desplazado de La Laguna.
Explicó que los policías comunitarios pueden ser liberados por medio un documento llamado “incidente” para que haya una resolución a favor y seguir el proceso fuera de la cárcel.
Informó que, el viernes hará su declaración por los supuestos delitos de secuestro y robo Arturo Campos, luego de abstenerse anteriormente, “no hay razón para que los compañeros permanezcan encerrados, los avala la Ley 701, la asamblea del pueblo y están reconocidos como institución, como CRAC”.
Coraje por la injusticia
La esposa de Ángel García, Minerva Donasiano de Jesús, pidió al gobernador Rogelio Ortega Martínez la liberación de los presos políticos de la Policía Comunitaria de la CRAC, porque aseguró que ellos no son delincuentes y fueron víctimas de delitos “fabricados”.
Llamó al gobernador a investigar a las familias de los presos políticos para corroborar si pertenecen a un grupo delictivo, “nosotros tenemos mucha necesidad, tenemos casa de adobe, otros ni vivienda tienen, el gobernador piensa que nuestros esposos son delincuentes, pero está equivocado”.
Con las lágrimas contenidas, Donasiano de Jesús manifestó que por acudir a las marchas y protestas en demanda de la liberación de los policías comunitarios, las mujeres de los presos políticos descuidan a sus hijos, “nuestros hijos trabajan en el campo no sabemos si se alimentan, ahora ni maíz tenemos para sobrevivir”.
Exigió libertad inmediata para los presos políticos, porque son personas dedicadas al campo y a cuidar a sus vecinos, “así como los detuvieron de rápido, así queremos que los liberen”.
“Quisiera gritar por la injusticia, porque nosotros somos personas indígenas y hablamos mixteco, pero tenemos la firme convicción de exigir la libertad de los presos políticos de la CRAC”, expresó.
Relató que jamás olvidará el día de la detención de su esposo, “ese día un convoy de policías fuertemente armados empezaron a sacar a los delincuentes (en reeducación) de la Casa de Justicia, y a nuestros esposos los golpearon, les hicieron feo, eso me da mucho coraje”.
Atenco se solidariza con las esposas de los presos políticos
El integrante del Frente en Defensa de la Tierra de Atenco, Estado de México, Ignacio del Valle Medina dijo que el apoyo de la organización obedece a la solidaridad primero como seres humanos ante una situación de injustica.
Agregó que el único afán los policías comunitarios recluidos en el penal de Ayutla fue constituir otra forma de implementar la seguridad en las comunidades, “para nosotros es un ejemplo a seguir en la autonomía de los pueblos”.
“Los pueblos toman una actitud de cuidar sus comunidades, eso es una gran responsabilidad, sabemos que el gobierno pretende desprestigiar y criminalizar señalando delitos que no son justificables”, finalizó.
En la marcha y en el plantón de la cárcel estuvieron policías de la CRAC, estudiantes de Ayotzinapa, abogados de Tlachinollan, integrantes del FODEG, de Atenco, comisarios y comisariados de las comunidades de El Paraíso y Fátima. De Acapulco fueron habitantes de El Campanario y Progreso de Cacahuatepec.
El 16 de agosto, esposas e hijos de siete presos de la CRAC, y de un desplazado de La Laguna, protestaron afuera de la cárcel de Ayutla para exigir al gobernador la libertad de sus familiares, y ayer lo volvieron a hacer.