Rechazan reapertura de empresa contaminante Química Central en Guanajuato
JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ / CARMEN ANGÓN, Guanajato.
Vecinos de comunidades cercanas a la Química Central de México (QCM) harán un frente común para evitar que opere nuevamente y señalaron que también exigirán el pago por los daños que les ha generado a lo largo de 45 años.
Los habitantes de Buenavista, San Fernando, El Ratón y Los Pedroza consideran que hubo corrupción en el acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Decimosexto Circuito que da tres días a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para retirar la clausura que impuso el 4 de junio de 2014.
María Chávez Zárate, delegada de la comunidad Buenavista, se reunió ayer con vecinas para manifestar su repudio a la decisión que tomó el juez, pues dijo que durante décadas vivieron en medio de contaminación mortal.
“La Química ahora quiere demandar al Gobierno Federal por 80 millones de dólares y nosotros también vamos a demandarla por los daños ambientales y físicos que nos han ocasionado”, aseveró.
“Mucha gente ha muerto a causa de la contaminación. Dicen que no contaminan, pero la mejor prueba es que el pozo que teníamos lo clausuraron por estar contaminado y la misma empresa pagó la perforación de otro pozo a más distancia”, señaló la representante de más de 500 vecinos.
Habitantes de la comunidad de San Fernando, que colinda con la QCM, aseguran que las más de 300 mil toneladas de desechos tóxicos con cromo siguen a la intemperie y contaminando al medio ambiente.
“Los hechos hablan por sí solos. En las inmediaciones de la Química Central todo está contaminado. Arroyos, sembradíos, depósitos de agua. Es vergonzoso que un juez ordene retirar la clausura”, señaló Bernardo Torres, de San Fernando.
Los vecinos no se explican esta decisión siendo que el año pasado la Profepa les dio a conocer que la Química Central “no acredito su registro ante la Semarnat como generadora de residuos peligrosos y cuenta con dos pasivos ambientales; ambos por un total de 34 mil toneladas dentro y fuera de sus instalaciones”.
En marzo pasado, luego de la clausura del 4 de junio de 2014, la Profepa presentó una nueva denuncia de hechos y una querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la empresa Química Central de México (QCM).
“Fue por inadecuado manejo, almacenamiento, transporte y falta de registro como empresa generadora de residuos peligrosos”.
Vecinos apuntaron que el Juzgado Décimoprimero de Distrito del Estado de Guanajuato negó el amparo impulsado por la empresa Química Central, S.A. de C.V., mismo que aprobó su clausura temporal-total el 4 de junio de 2014.
“El juez de la causa reiteró la legalidad de esta medida de seguridad por el incumplimiento en el manejo de residuos peligrosos, al igual que para la remoción total de por lo menos 300 mil toneladas de desechos tóxicos de cromo”, subrayó el abogado José Peña Martínez, habitante de San Fernando.
Desmantelan instalaciones
Las instalaciones de la Química Central de México (CMQ), ubicadas en el kilómetro 13.5 del ecobulevar León-San Francisco del Rincón, se encuentran prácticamente desmanteladas.
Lo que eran bodegas ya no cuentan con techos ni mobiliario. Todo ha “desaparecido”.
Vecinos de la comunidad de San Fernando señalaron que los 170 empleados que ahí laboraban fueron liquidados conforme a la Ley.
“Ya desmantelaron las instalaciones desde hace un año. Incluso la Profepa les impuso una nueva sanción por no avisar el traslado del mobiliario presuntamente contaminado con cromos”, dijo Simón Olvera, quien dijo haber sido empleado.
Las instalaciones se ven desiertas, solo hay un guardia en la caseta de entrada. Las oficinas administrativas ya no operan, por lo que habiantes de la zona presumen que no volverán a funcionar.
El 10 de octubre de 2014 Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañado del delegado José Isaac González Calderón y del alcalde de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña, realizaron una vista de inspección a la planta y comprobaron que estaba vacía.
Durante el recorrido, Haro advirtió que poco quedaba de las instalaciones e informó que el 23 de septiembre de 2014 habían interpuesto una nueva demanda por no dar aviso del retiro de sellos y del desmantelamiento.
“El 23 de septiembre hubo una denuncia penal por el retiro de sellos y desmantelamiento por parte de la estructura para llevarla seguramente a otro sitio”.
“La violación de sellos constituye un ilícito de carácter penal que ya hemos denunciado. La denuncia va en contra de quien resulte responsable”, dijo el funcionario en su momento.
Agregó que será el Ministerio Público quien ejerza acción penal contra quien violentó los sellos y ordenó el desalojo de las instalaciones. La pena va de uno a siete años de prisión.
“Es difícil que operen. Lo único que están buscando es que les den una indemnización de 80 millones de dólares, cosa que se ve difícil pues fue una empresa que causó muchos daños al medio ambiente”, aseguró Martina Cervera, vecina.
‘Olvidan’ notificar a Profepa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha sido notificada sobre la resolución judicial que la obliga a retirar la clausura a la empresa Química Central de México (QCM).
Esta empresa de productos químicos fue clausurada por la Profepa el 4 de junio del año pasado, por lo que interpuso un amparo.
Tras haber resuelto el amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito le da a la Profepa tres días (después de ser notificada) para levantar la sanción.
“Lo que puedo declarar es que oficialmente no se ha notificado esa resolución del amparo a la Profepa; en cuanto se notifique y obviamente nuestra área jurídica a nivel central revise en qué términos y cómo está la Profepa actuará en consecuencia”, informó José Isaac González Calderón, delegado de la dependencia.
Química Central fue clausurada porque, de acuerdo a la dependencia federal, almacenó residuos peligrosos (cromo hexavalente) durante años sin las condiciones de seguridad necesarias y cuenta con dos pasivos ambientales por 340 mil toneladas dentro y fuera de la planta.
Fidel García Granados, director de Gestión Ambiental de León, se mostró preocupado ante la posibilidad de que la planta que fue clausurada nuevamente entre en operaciones sin que exista un proceso de saneamiento efectivo del sitio contaminado.
“Es un fenómeno medioambiental que no nada más se queda en una zona, sino que ha llegado a afectar otros sitios y creo que lo más importante es garantizar el saneamiento del sitio”, comentó el funcionario municipal.
“Creo que es un proceso en el que tienen que participar todos los involucrados, no solo autoridad o las empresas, pero específicamente dirigidos al saneamiento del sitio”, finalizó.