Industria eólica, el despojo a indígenas
JAVIER CRUZ AGUIRRE, Ensenada, BC
En la disputa por participar en un mercado potencial de 100 mil millones de dólares, al menos cinco empresas estadunidenses y mexicanas que generan electricidad con viento, se adueñaron de cientos de miles de hectáreas en cuatro comunidades indígenas nativas de Baja California, a las que pagaron en promedio 1.25 dólares por el usufructo de cada hectárea.
Ahora los yumanos pai pai, kiliwa, kumiai y cucapá solicitan el apoyo del gobierno federal para revisar, modificar o cancelar los convenios de usufructo que comisionados de sus comunidades –algunos de ellos mestizos o “blancos” que compraron derechos ejidales o comunales para controlar a los nativos– suscribieron con las compañías eólicas “a espaldas de los indígenas”.
Arturo Nahle García, subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en reunión que se efectuó hace una semana en la ciudad de Ensenada, escuchó las denuncias de los indígenas.
Los yumanos revelaron los nombres de las compañías que, dijeron, se están apropiando de sus tierras: Fuerza Eólica de San Matías SA de CV, Cucapah Development, Clipper Windpower, APA (Asociados Panamericanos) Wind, Intaván y CISA Energía SA de CV.
Acompañados de Norma Alicia Carvajal Acosta, subdelegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Baja California, y de Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), los indígenas de las cuatro comunidades yumanas presentaron sus denuncias ante el funcionario federal.
Elías Espinoza, representante de la comunidad kiliwa de San Matías, municipio de Ensenada, destacó el caso de Pablo Federico Gottfried Blackmore, apoderado legal de la empresa Fuerza Eólica de San Matías, SA de CV.
Carlos Federico Gottfried Joy, padre del empresario Pablo Federico Gottfried, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y dueño de Fuerza Eólica SA de CV, compañía dedicada a la generación de 540 megawatts de energía eléctrica en Oaxaca, Quintana Roo y Baja California, por medio del aprovechamiento de la fuerza del viento.
A mediados de 2012, Gottfried Joy manifestó, a través de su página virtual Fuerza Eólica, que tras siete años de cabildeo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, contaba ya “con el apoyo y respaldo total” de los principales funcionarios del gobierno federal en el sector energético.
Mencionó entre otros a Ernesto Martens Rebolledo, entonces secretario de Energía; Víctor Lichtinger Waisman, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Dionisio Pérez Jácome, director de la Comisión Reguladora de Energía; Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Cristóbal Jaime Jáquez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La huella de Slim
Gottfried Blackmore, hijo del dueño de Fuerza Eólica S.A. de C.V, es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Internacional de Florida; recibió de su padre los derechos ejidales en San Matías, comunidad kiliwa que se asienta en un valle agrícola, en medio de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, municipio de Ensenada.
De piel blanca como la de otros 22 “mestizos blancos” también inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN) como “ejidatarios”, Pablo Federico Gottfried es señalado de posesionarse del consejo ejidal comunitario indígena y desde ahí impulsó la firma de un convenio con la empresa Fuerza Eólica San Matías, SA de CV, filial de Fuerza Eólica, para usufructuar 250 hectáreas, donde construiría un parque eólico de ocho aerogeneradores con capacidad para producir 20 megawatts.
El 15 de julio de 2010, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó el permiso de pequeña producción eléctrica en modalidad eólica a la compañía, pero el 7 de mayo de 2012 Gottfried Blackmore, en su calidad de representante de Fuerza Eólica San Matías, sorprendió al solicitar a la misma dependencia federal la terminación del permiso por renuncia, hecho que se consumó en marzo de 2013.
Sin embargo, siete meses después –el 3 de noviembre– Pablo Gottfried, ahora en su calidad de “comisariado ejidal” de San Matías, presentó y convenció a los integrantes “blancos” de la tribu, un modelo de contrato por el que la empresa eólica puede usar 27 mil hectáreas del ejido, sin dar detalles del proyecto a los kiliwas.
Oro y plata en tierra india
Hasta el 7 de agosto de 2015, día de la reunión con el subsecretario de la Sedatu, los nativos desconocían la renuncia que la empresa hizo al parque eólico. Tampoco sabían con qué objetivo explotará el enorme predio, en un plazo de 20 años con opción a una prórroga automática de 10 años adicionales que es obligatoria para los yumanos y opcional para Fuerza Eólica San Matías.
Jaime Martínez Veloz fue quien reveló los pormenores del proyecto. Y lo dijo contundente: “Carlos Slim Helú es quien está detrás de todo esto”.
De acuerdo con la revelación de Martínez Veloz y el estudio “Panorama Minero del Estado de Baja California” del Servicio Geológico Mexicano, Slim Helú tiene cinco permisos mineros para extraer plata y oro en la región kiliwa, colindante al complejo minero Sinaí, rico en esos metales preciosos.
Sinaí, yacimiento del que se extraen 35.3 millones de toneladas de minerales con oro y plata, es explotado por la empresa Minera San Felipe SA de CV, filial de Minera Frisco SA de CV, de la cual Carlos Slim es presidente del Consejo de Administración.
Magnates convertidos en ejidatarios
El procedimiento para adquirir propiedades inmuebles en la península de Baja California no es nuevo para uno de los cinco hombres más ricos del planeta.
En el año 2010, una investigación en el ejido Matomí de la delegación San Felipe, municipio de Mexicali, ubicó otra empresa del consorcio Slim -Hotel Roma, SA de CV–, comprando decenas de miles de hectáreas a “ejidatarios” ligados a las empresas del magnate mexicano, que así se adueñó de decenas de miles de kilómetros de terrenos con playas en el Golfo de California.
Elías Espinoza, kiliwa de la comunidad San Matías, resumió así el caso:
“Por más de 20 años el gobierno federal obstaculizó un proyecto eólico que los auténticos nativos propusimos en alianza con la empresa Ontiveros, de la ciudad de México, pero la Secretaría de Energía y la del Medio Ambiente (y Recursos Naturales) rápido autorizaron los permisos a una empresa que es prestanombres de Carlos Slim. Eso, además de injusto es ilegal porque grandes empresarios se apoderaron del ejido y de nuestra comunidad”.
A decir de Martínez Veloz, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas impulsa una segunda “reunión agraria” para tratar este y otros temas eólicos en las comunidades nativas de Baja California entre la Sedatu, la Procuraduría Agraria (PA), la CDI, la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett), la Semarnat, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Asociación Civil Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Cam-pesinas (Coduc) y el Instituto Nacional de la Economía Social.
“Se busca el cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales respecto a la consulta previa e informada, así como al uso y goce de los recursos en sus territorios, a lo que tiene derecho este pueblo indígena”, explicó.
También se pretende establecer una estrategia de trabajo para atender las demandas históricas en materia agraria y social de los nativos, a efecto de mejorar sus condiciones de vida e impulsar su desarrollo comunitario.
Vientos tórridos
La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento de conflictos similares en otras comunidades nativas de Baja California.
En un reporte de 2014, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México informó a la SG sobre otros “focos rojos que están encendidos” en la tribu cucapá, donde la empresa estadunidense Cucapah Development logró una alianza “engañosa” con las autoridades de la comunidad indígena El Mayor, para que en su territorio se desarrolle el Parque de Energía Eólica de la Laguna Salada.
Otra compañía eólica estadunidense es Clipper Windpower, revolucionaria del sistema de aerogeneradores en el mundo, que a través de su filial Clipper Windpower de México S de RL de CV, hizo un acuerdo ventajoso con la autoridad kumiai de Juntas Nejí y Anexas, de Tecate, por lo que los yumanos solicitaron a las autoridades agrarias información respecto al contenido del convenio.
Producir electricidad en BC para abastecer a EU
El último conflicto se suscita en la comunidad pai pai de Santa Catarina, ubicada a 100 kilómetros de la frontera con California, en donde un consorcio empresarial estadunidense y mexicano representado por las compañías APA (Asociados Panamericanos) Wind, Intaván de México y CISA Energía, SA.de CV, integra proyectos eólicos para Baja California equivalentes a 1.5 gigavatios.
En este caso destaca otro agravio a los indígenas: el despojo casi total de sus tierras.
El consorcio eólico convino con otro grupo de “ejidatarios blancos” el pago de 1.25 dólares por cada una de las 60 mil hectáreas en usufructo, convenio que dejó con tan sólo 20 hectáreas libres a los yumanos pai pai.
Michael Felloni, ejecutivo de APA, informa en el sitio web del consorcio, que los proyectos de la empresa buscan interconectar la frontera binacional, para conducir la electricidad de la zona Pai pai a la red de distribución del sur de California.
Y destacó la razón por la que ocho consorcios ya están en la entidad:
“Existe un mercado potencial de 100 mil millones de dólares en Baja California, donde, incluso, de ser necesario, la electricidad generada por la fuerza eólica en México se distribuiría a otros estados (de la Unión Americana)”.
http://jornadabc.mx/tijuana/23-08-2015/industria-eolica-el-despojo-indigenas