A 5 años de masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el caso sigue impune: Amnistía Internacional
Animal Político
La “escandalosa falta de investigaciones” sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a que los grupos criminales que asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
Cabe recordar que el pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Amnistía Internacional refiere en un comunicado que se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, expuso Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
Amnistía denuncia que aún no se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, expone la organización, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después”, dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo”, comentó.
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes, considera Amnistía, ya que las autoridades locales y federales “no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos”. También han habido “demoras extremas” en la identificación de las víctimas –y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las víctimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Amnistía Internacional señala además que desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados, desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre Abril y Mayo de 2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, “muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares”, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
“¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes”, dijo Carolina Jiménez.