El Estado usará gendarmería y Ejército contra comunidades que se resisten a megaproyectos: activistas
agosto 17, 2015
Edgar Rosas
En el actual contexto, donde el gobierno y la iniciativa privada han emprendido una ola de intentos por desarrollar megaproyectos en distintas partes del país, la persecución en contra de los líderes comunitarios que defienden los derechos culturales, económicos y sociales de sus pueblos-mismos que se ponen en riesgo con esta clase de obras-ha sido una práctica utilizada de forma recurrente, con la cual, desde la perspectiva de diversos sectores, busca desincentivar la lucha.
Para Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (RED TDT) hoy en día existe una embate por parte de autoridades y empresas en contra de las comunidades que han iniciado una resistencia contra el despojo que representa los megaproyectos. Asimismo manifestó que la persecución en contra de quienes se oponen a estas obras ha sido una práctica generalizada en el país.
Ríos habló con Revolución TRESPUNTOCERO sobre este clima de criminalización que se vive contra los defensores del territorio y los recursos naturales. Enfatizó que este hostigamiento se enmarca en un contexto de crisis en materia de seguridad y derechos humanos que aqueja al país.
“Vemos que a pesar de una supuesta disminución en el número de asesinatos reportados por el INEGI, que logró su cúspide en el 2011, notamos que siguen en aumento fenómenos como la desaparición forzada, detenciones ilegales, y en ese sentido también se da el contexto de amenazas y agresiones contra personas defensoras y que resulta muy especial porque ha habido una mayor persecución, una serie de agresiones cada vez más intensas contra líderes comunitarios que emprenden la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales de sus pueblos.
“Vemos que hay un embate especialmente en contra de quienes se oponen a los megaproyectos y que en ese sentido tendríamos que recordar todo los megaproyectos turísticos, mineros, de infraestructura, de creación de energía que se dan a lo largo del territorio”, dijo.
En lo referente, manifestó que a través de modificaciones al marco legal-como la reforma energética-el gobierno ha buscado legalizar el despojo de tierras para la puesta en marcha de los megaproyectos, esto a costa de las afectaciones de comunidades y pueblos originarios que son los dueños de los terrenos en donde se pretenden realizar gran parte de los proyectos.
Añadió que esta serie de ataques y hostigamientos tienen un vínculo muy estrecho con agentes del Estado, sin descartar a empresarios y delincuencia organizada. Mencionó que ante lo vivido en últimos meses, se puede vislumbrar que este clima de represión aumentará.
“Entonces en este contexto en donde el despojo está legalizado a través de leyes que buscan la expropiación, leyes como la servidumbre legal, la ocupación temporal y ocupación superficial, pues prácticamente se pretende quitarle el usufructo de las tierras a las comunidades que ancestralmente las han tenido.
“Vemos pues que las amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones en contra de personas defensoras va a ir en aumento porque son quienes están defendiendo sus derechos al propio desarrollo, y en ese sentido serán siempre un obstáculo parar el capital que pretende ser hegemónico en todas estas comunidades, pueblos e incluso ciudades. Vemos un aumento que nos preocupa, que está claramente relacionado con agentes del Estado quienes intervienen también como perpetradores”, expuso.
Fernando Ríos expresó su preocupación sobre el hecho que el sistema judicial ha sido utilizado para criminalizar a los defensores comunitarios. En este sentido habló sobre las propuestas de ley que se han presentado en el país a través de las cuales se busca detener el derecho a protestar.
“Ha habido más de seis iniciativas en varios estados y a nivel nacional que quieren evitar el derecho a defenderse y quieren evitar el derecho a las poblaciones a protestar, como es parte de su derecho. En ese sentido se pretende criminalizar a través de evitar las mismas protestas y luego de fincar cargos que proceden incluso de la delincuencia organizada, cargos que vienen de los empresarios y que de alguna manera lo que buscan es retrasar la organización social y la defensa de los DD.HH”, manifestó.
En lo referente reiteró que en México existe un contexto generalizado de persecución y acosos en contra de defensores comunitarios. Además manifestó que el intento del gobierno por desarrollar megaproyectos está en muchas entidades.
“Desde Sonora hasta Chiapas encontramos que hay enclaves mineros muy importantes y que en ese sentido (empresas y gobierno) necesitan desalojar y necesitan contaminar a las propias comunidades que ahí habitan. Vemos por otro lado que los campos a licitar en la Ronda Uno están especialmente desde la frontera norte: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, y luego todo el golfo de México, en donde también encontramos toda clase proyectos carreteros, turísticos, eólicos.
Lo que hacen (con lo anterior) es generalizar una situación de vulnerabilidad para las comunidades y en ese sentido podemos poner como ejemplo a Puebla porque está muy cerca y porque el gobernador Moreno Valle no sólo ha emprendido proyectos en contra del medio ambiente, como son las mineras en el norte de Puebla, o la extracción de hidrocarburos que es la Ronda Uno la que está localizada en Puebla, sino que ha desarrollado una serie de proyectos inmobiliarios y de infraestructura que han afectado a grandes poblaciones como en Cholula, y también una serie de medidas que tienen que ver con la organización comunitaria”, dijo.
Además de Puebla, expuso Ríos, hay otras entidades que igual se han caracterizado por la persecución contra defensores comunitarios.
“En Puebla ha imperado una criminalización atroz por parte de Moreno Valle, pero también esto lo tendríamos que ver en el Estado de México pues hay una persecución constante, por ejemplo, de los compañeros de Xochicuautla, especialmente de su líder. Vemos como en Sonora están siendo criminalizados los Yaquis. Vemos que en Chihuahua hay una tendencia muy grande a criminalizar y que están ahí el sacerdote Javier Ávila, también la defensora de DD.HH. Estela Ángeles Mondragón que están siendo gravemente amenazados por su trabajo en la Sierra Tarahumara y que tiene que ver también con gasoductos, uno que va a ir desde Sonora hasta el norte de chihuahua.
“Y encontramos así constantemente en todo el país elementos muy graves. En Tlaxcala mismo está también el gasoducto de Morelos-Puebla-Tlaxcala que pretende despojar a comunidades del uso del suelo, de su tierra y a favor de ciertos proyectos industriales que se pretenden fincar en la región. Vemos una situación generalizada y que es potencializada por la impunidad de los gobernadores”, sentenció.
Ríos dijo que el panorama que se avecina no es prometedor, puesto que ante hechos como la profundización de la reforma energética, se va a presentar un panorama criminalizado por parte del Estado.
“Vamos a ver un incremento constante de las comunidades defendiendo sus derechos, vamos a ver también por otro lado una respuesta criminalizadora del Estado con grades contingentes de policías, de gendarmería, de PF, de ejército, queriendo controlar por la fuerza estos proyectos”, finalizó.
En México, los defensores comunitarios enfrentan un grave riesgo
Silvia Emanueli, integrante de Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)-quienes han acompañado la lucha de diversas comunidades, citó lo dicho por la exrelatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien apuntó en un informe que en México los defensores comunitarios viven un grave riesgo.
De acuerdo al informe presentado que abarca del 2006 al 2011, la exrelatora expresó su preocupación sobre el panorama de acoso que viven defensores en materia ambiental y relacionados con las actividades de las industrias extractivas y proyectos de construcción y desarrollo.
En el documento elaborado expuso que México es uno de los países en donde los defensores comunitarios sufren un mayor número de amenazas, y en donde están expuestos a atentados contra su integridad física.
En este sentido detalló que en México los defensores que se oponen a megaproyectos son vulnerables ante intentos de asesinatos, detenciones y encarcelamientos de forma arbitraria.
“En opinión de la exrelatora especial esto muestra que los riesgos que enfrenten los defensores de los DDHH que trabajan en el contexto de los proyectos de desarrollo es sumamente graves”, enfatizó Emanueli.