Denuncian acoso e inseguridad para periodistas en Nayarit
Fabián García Castrejón/Elecciones y agresiones
Nayarit ha sido un territorio difícil para ejercer el periodismo, particularmente entre los años 2010 y 2012, debido a la disputa entre los grupos criminales de los Beltrán Leyva y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En contraste, las elecciones del 7 de junio transcurrieron sin incidentes. En los comicios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó en los tres distritos electorales que estaban en disputa y con más de 10 puntos de ventaja sobre sus competidores, según los resultados electorales.
Pero no siempre el ambiente fue de calma. Reporteros nayaritas, que guardan el anonimato por seguridad, señalan que integrantes de los grupos criminales les pedían publicar información sobre los enfrentamientos.
A la inseguridad se sumaba el interés de los editores por la llamada nota roja. “Es la que vende”, les decían, sin considerar establecer protocolos para la seguridad de sus trabajadores.
La respuesta del gobierno estatal ante la violencia fue crear la Policía Nayarit, un equipo de élite formado en 2012, que logró la desarticulación de 19 bandas de secuestradores y la detención de 406 personas relacionadas con el narcomenudeo, según datos de la Fiscalía estatal.
Asesinatos de periodistas fuera de las listas
En el estado han ocurrido dos asesinatos de periodistas, sin embargo, ninguna organización de protección local, nacional o internacional ha registrado, ni condenado lo ocurrido.
El fotoperiodista Emiliano Pozas Iturbe fue una de las víctimas. En agosto de 2011 fue levantado en su domicilio y posteriormente hallado muerto en la carretera Tepic-Aguamilpa junto con otros ocho hombres. Tenía señales de tortura.
Pozas Iturbe trabajó para la oficina de prensa del PRI de Nayarit y para una televisora local donde se desempeñó como camarógrafo.
El segundo caso fue el de la periodista Jazmín Martínez, quien trabajó para Televisa en el estado, su cuerpo fue encontrado junto con el de su esposo el 2 de enero de 2015. La Fiscalía estatal aseguró que se trató de un secuestro.
La Casa del Periodista en Nayarit ha registrado 14 denuncias de ataques contra la libertad de expresión, de 2013 a la fecha, informó su representante Norma Cardoso. Los nombres y medios de comunicación en que trabajan se encuentran reservados por protección, señala.
De esos casos, cuatro periodistas se encuentran bajo medidas cautelares por parte de la Fiscalía Especial Para La Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los periodistas del estado también han sido objeto de detenciones. En septiembre de 2013, la periodista Libni Tapia fue detenida por elementos de la Policía Municipal mientras documentaba el aumento en los casos de dengue en el hospital del ISSSTE en Tepic. La trasladaron en una patrulla hasta la cárcel municipal y horas después la liberaron.
En mayo de 2015, Tapia fue detenida nuevamente, esta vez mientras cubría una reunión del gabinete del actual gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Sin ningún argumento fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Nayarit, donde se le confiscó su cámara.
Información solicitada vía la Ley de Transparencia señala que el gobierno ha pagado los servicios de periodistas que denomina “independientes”.
El gobierno de Nayarit se negó a detallar las empresas y los periodistas independientes a los que les paga, y argumentó que “la información se encuentra reservada”, según la respuesta a la solicitud, sin incluir el acuerdo de reserva.
Al solicitar información sobre el tema a reporteros de distintos medios, algunos dijeron que no podían hacer declaraciones por temor a perder su empleo o “apoyos económicos” que señalan les otorga el gobernador Sandoval Castañeda.