Las contradicciones de la libertad de expresión en Quintana Roo
Ciudad de México 24 de julio 2015.- El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, presentó la “Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, el pasado 17 de junio. “Dicha iniciativa es una contradicción ante la negativa del gobernador y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al obstaculizar la reparación de daños y disculpa pública al periodista Pedro Canché, que le fue sembrado el delito de sabotaje y permaneció 9 meses en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto. En éste caso se mostró la violación a los derechos humanos y la agresión hacia el ejercicio periodístico de Canche”, afirmó en entrevista para Somos el medio, Luis Eduardo Knapp Moreno, abogado de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 que acompaño el caso de Pedro.
“La iniciativa carece de varias cosas tanto de forma como de fondo que podrían llegar a traducirse como restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión, en el Estado”, denunció Luis Eduardo. En Quintana Roo las agresiones a la prensa son muy altas, tan sólo en el 2014 se registraron 42 agresiones a periodistas, siendo el segundo Estado más peligroso para ejercer el periodismo antecedido por el Distrito Federal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 13/2015, en ella la CNDH reconoce la inocencia de Pedro Canché y señala que el gobierno local violo sus derechos humanos y que la entidad vulnera la libertad de expresión. Y establece que el gobernador debe hacer una reparación de daños y una disculpa pública al periodista. Sin embargo, de acuerdo con el oficio 00247, emitido por la Consejería Jurídica de Quintana Roo, la recomendación no fue aceptada.
La respuesta de Roberto Borge a grandes rasgos es que es violatorio de orden constitucional y legal establecer un procedimiento de reparación de daños a Pedro Canché, y que no está contemplado en la ley estatal la figura de disculpa pública.
El abogado Luis Eduardo señaló: “La constitución mexicana establece en su artículo 1 párrafo tercero que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos en los términos que los establezca la ley. Y en Quintana Roo la Ley estatal de victimas en su artículo 78 fracción IV obliga a brindar una disculpa pública de parte del Estado y que se incluya el reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades.”
El caso de Pedro Canché es alarmante porque además de negar la reparación de daños sigue siendo atacado vía redes sociales y desde su detención el 30 agosto del 2014 se le trato de negar su quehacer periodístico adjudicándole el delito de sabotaje en detrimento de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), cuando en realidad cubría las protestas por el aumento a las tarifas del agua. Mediante un amparo se logró demostrar la inocencia de Caché y salió libre el pasado 28 de mayo.
Ante la negativa de aceptar la recomendación de la CNDH, por parte del gobernador Roberto Borge, la defensa de periodista mencionó: “no está bien fundamentada ni motivada la negativa de aceptar la recomendación, lo que procede es que el Senado llame a comparecer a las autoridades, en este caso sería al gobernador y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueden mantenerse en la denegación pero ya en comparecencia deben fundar y motivar la negación”
El contexto de violación a la libertad de expresión en Quintana Roo es grave, así lo señala la organización Artículo 19, por lo tanto exigen que se inicie el procedimiento correspondiente a fin de que el gobernador del estado exponga ante el Senado, de manera clara y exhaustiva, las razones y fundamentos legales por las cuales no aceptó la recomendación 13/2015.
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