Búsqueda de desaparecidas en Edomex, entre torpezas y omisiones
ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Ante la carencia de un protocolo especializado en localización de mujeres y niñas en el Estado de México, las autoridades judiciales incurren en omisiones durante la búsqueda con vida de jóvenes reportadas como desaparecidas, lo que deriva en que las víctimas carezcan de certeza sobre los resultados de las indagaciones y vean obstaculizado su acceso a la verdad y la justicia.
Prueba de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente localizados en el Río de los Remedios en octubre pasado. Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos para continuar investigando el caso.
Mariana, según relata su familia, es una joven estudiante de 18 años que en 2014 ingresó a la licenciatura de Control y Automatización del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Cerca de las 9 de la noche del 17 de septiembre pasado, Mariana salió de su casa –en Héroes de Tecámac, Edomex– para fotocopiar algunos documentos personales que debía presentar en su escuela para concursar por una beca de estudios, en una papelería a unas cuadras de su domicilio.
Esa misma noche, al notar que su hija no volvía, sus padres Bernardo Yáñez y Guadalupe Reyes comenzaron a buscarla. Denunciaron los hechos ante el Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, donde el agente ministerial les pidió esperar 72 horas, porque tal vez “la joven había huido con su novio”. Ocho días después el expediente seguía en blanco.
Al considerar que la desaparición de su hija podría ser un secuestro, la familia también presentó el 18 de septiembre de 2014 la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual abrió una carpeta de investigación.
En diciembre anterior, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tomó muestras de sangre a Guadalupe Reyes para comparar los datos con los de restos de mujeres que eran localizados. Pero no explicó en qué consistían las diligencias para localizar a Mariana con vida.
Un mes después, en enero pasado, la familia fue notificada de que parte de los restos localizados en el Río de los Remedios (canal de aguas negras al norte del Distrito Federal y que atraviesa el municipio mexiquense de Ecatepec) correspondían a Mariana.
En octubre de 2014 (un mes después de la desaparición de Mariana), el río también conocido como Canal de la Compañía fue desazolvado y en él fueron localizados restos óseos.
En un primer momento el gobierno mexiquense, si bien reconoció el hallazgo, aseguró que no se podía determinar si correspondían a restos humanos o animales; luego admitió que se trataba de cadáveres, la mayoría de ellos de mujeres.
Sin permitir a la familia ver los restos (que corresponden a la parte superior de ambos huesos del muslo y un fragmento de cráneo), con el argumento de que no estaban psicológicamente preparados para ellos, las autoridades pidieron a la madre de Mariana “aceptar los hechos”.
En abril pasado, la SEIDO emitió su peritaje y al igual que la PGJEM aseguró que las muestras de sangre extraídas a la madre de Mariana coincidían con las pruebas tomadas a los supuestos restos de Mariana.
Sin embargo, para la familia aún no estaba claro cómo se había llevado a cabo la búsqueda con vida de Mariana, de qué manera había sido supuestamente asesinada, cuándo había ocurrido el feminicidio y cómo era posible que los restos mostraran tal nivel de descomposición.
Tampoco entendía cómo se había pasado de investigar una desaparición a sostener que era un feminicidio; todas estas dudas llevaron a la familia a exigir que los restos fueran exhumados para realizar nuevas pruebas de ADN.
Sin certeza judicial
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organización que brinda asesoría legal a la familia de Mariana–, explicó que en casos de desaparición de mujeres, un derecho fundamental de las víctimas es tener total certeza sobre los hechos, lo que también tiene que ver con el derecho a acceder a la justicia.
También enfatizó que en este caso no se ha explicado cuáles fueron las diligencias realizadas durante la búsqueda con vida de la joven, e incluso en caso de que los restos correspondieran a la joven tampoco se ha profundizado en indagar sobre qué fue lo que ocurrió y qué pasó con las demás partes del cuerpo.
Por ello se pidió la exhumación de los restos, para que fueran analizados por peritos independientes.
Luego de varios meses de exigencia social y de diversas reuniones con autoridades mexiquenses, finalmente el viernes 19 los restos fueron exhumados y trasladados a Toluca, para que el Equipo Mexicano de Antropología Forense realice las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con Estrada, la investigación del equipo especializado –cuyos primeros resultados se esperan en un mes– irá más allá de las pruebas de ADN, pues un peritaje de este tipo debe apuntar a determinar qué fue lo que ocurrió con Mariana.
Para la también maestra en Derechos Humanos y Democracia este caso demuestra la necesidad de que sean mejorados los protocolos de localización de personas (las llamadas alertas Alba y Ámber), y en su caso se instaure un protocolo específico en la entidad, ya que actualmente no se realiza la búsqueda de mujeres con la debida diligencia y generalmente se trata de localizar a personas fallecidas, cuando “lo que piden las familias es encontrar a sus hijas con vida”.
María de la Luz Estrada abundó que si se investigan de manera adecuada las desapariciones –que actualmente no constituyen un delito en la entidad, aunque las cifras van en aumento–, se puede evitar la ocurrencia de otros ilícitos mayores, como la trata de personas, feminicidio o asesinato.
Según datos del OCNF, al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012, y 53% de ellas tenía entre 10 y 17 años.