Asesinadas en el Estado de México: una silenciosa epidemia
Rafael Castillo
A cuatro meses de la desaparición de su hija, Roberto Mora observaba como trabajadores en un canal de aguas negras en las afueras de la Ciudad de México, extrajeron lo que parecía ser un cráneo humano.
Mora pasó horas en el canal —parado, con los brazos cruzados, sin expresión— esperando cualquier pista que se pudiera obtener del lugar donde buscaba a su hija Valeria.
Durante buena parte del tiempo se negó a hablar con el equipo de VICE News. Mora prefirió ver a un grupo de bomberos y peritos forenses sumergir la excavadora en el lodoso terreno del río en busca de su hija Valeria, de 19 años de edad, quien desapareció en Valle de Chalco la Navidad de 2014.
El canal forma parte del Río de los Remedios y corre a través de barrios obreros al oriente del Estado de México, que a su vez rodea casi completamente a la Ciudad de México. Con 15.1 millones de habitantes, el estado contiene una enorme extensión industrial y suburbana que duplica el tamaño de la población de la Ciudad de México.
Este estado también es sede de un número indeterminado de asesinatos de mujeres, crímenes extremamente violentos que en general involucran violación o mutilación y que raramente son resueltos. Bajo la ley mexicana estos crímenes se conocen como feminicidios y han permanecido impunes en el estado durante más de dos décadas.
“Muchas veces oye uno que encontraron una muchachita, oye que se llevaron a otra”, dijo Mora a VICE News semanas después. “En su momento lo escucha y lo escucha, y lo ve pasar como si nada. Hoy nos lo platican y mañana ya se le olvidó a la gente”.
Mora me habló una madrugada, desesperado por la lenta investigación sobre la desaparición de su hija. Habló de un código de silencio y de intimidación por parte de las autoridades que se supone deben resolver estos casos en el municipio de Chalco.
VICE News confirmó esta actitud: en el canal, la policía y las autoridades estatales intentaron evitar que nuestro equipo grabara la escena.
Posteriormente, el ministro público de Chalco rechazó nuestras peticiones para entrevistarlo sobre el caso Mora y otros asesinatos o desapariciones, tal como lo hicieron las autoridades de todos los estratos de la seguridad pública del Estado de México, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado.
De hecho, en el transcurso de un año los oficiales negaron todas nuestras solicitudes para recabar más información que nos ayudara a entender esta epidemia de feminicidios en el estado, lo que muestra un signo de la profunda indiferencia de las autoridades hacia los crímenes que afectan a muchas mujeres y niñas en el estado más poblado del país.
Cifras desconocidas
Las cifras disponibles sobre estos crímenes están incompletas y son básicamente inútiles. Las procuradurías no publican cifras específicas sobre feminicidios ni a nivel estatal ni federal.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública reúne estadísticas entregadas por los diferentes estados para establecer una cuenta de los crímenes más comunes en México, incluyendo homicidios. Los datos no diferencian entre víctimas mujeres y hombres.
Otra base de datos, la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reúne cifras de registros administrativos y sí diferencia los asesinatos de mujeres, aunque no especifica si se trata de feminicidios. El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres muestra un total de 12,950 casos de agresión contra mujeres en el Estado de México desde 2012, cuando empezó a reunir datos, aunque no especifica si estos actos de violencia resultaron en homicidio.
Lo que sí se sabe es que el Estado de México tiene una tasa de asesinatos de mujeres que sobrepasa la media nacional en un periodo de 20 años, entre 1990 y 2010, según cifras recaudadas por el periodista Humberto Padgett, coautor del libro Las muertas del Estado, publicado en 2014.
Ante la ausencia de cifras oficiales confiables, Padgett y el coautor Eduardo Loza compararon varias cifras relacionadas con muertes de mujeres para deducir un escenario alarmante que hace del Edomex un lugar crítico en cuanto a feminicidios.
“En el caso del Estado de México esto ha sucedido durante años sin que nadie tome atención del hecho”, dijo Padgett. “No es normal que asesinen a 1,997 mujeres durante la administración de un hombre que quería ser presidente”.
La cifra de Padgett de 1,997 es casi quinientos homicidios más que el conteo total de un periodo de 20 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha sido conocido internacionalmente como el epicentro del feminicidio en México.
En términos absolutos, al menos 1,530 mujeres fueron asesinadas en esta ciudad fronteriza entre 1993 y 2014, según Julia Monárrez, una investigadora del Colegio de la Frontera en Ciudad Juárez.
Monárrez es conocida como una líder en la lucha para hacer visibles los feminicidios en Juárez, y por correo electrónico me advirtió que “encontrar las cifras más veraces en nuestra nación siempre será un problema”.
Padgett y Loza recaudaron cifras de mujeres asesinadas “violentamente” de las secretarías de salud estatales y las compararon con las poblaciones de cada estado. Encontraron que, entre 1993 y 2006, el estado de Chihuahua (con una población de alrededor de 3.4 millones), donde se encuentra Ciudad Juárez, tuvo una tasa de asesinatos de mujeres menor a la del Estado de México.
Por ejemplo, en 1993 1.9 de cada 100,000 mujeres fueron asesinadas violentamente en Chihuahua, dicen los autores, comparada con la tasa de 8.5 por cada 100,000 en el Edomex. En 1994 la tasa era de 2.9 en Chihuahua y 7.8 en Edomex, y así siguió: 3.1 contra 5.1 en 1999, 4 contra 4.8 en 2000, 3.6 contra 5.1 en 2005 y 3.5 contra 3.7 en 2006.
La diferencia se mantiene más o menos consistente hasta el comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en Ciudad Juárez en 2008, cuando los homicidios se dispararon dramáticamente. Esto en el terrible episodio en el que Juárez llegó a ser conocida como la ciudad más violenta del mundo.
La falta de datos confiables sobre feminicidios en México es algo crónico. Por ejemplo, Chihuahua cuenta los asesinatos de mujeres con violencia extrema como un homicidio cualquiera, ya que el estado carece de legislación sobre la materia.
Además, hay otros factores que hacen más difícil entender el alcance que tiene este problema. “El Estado de México es un corredor de migrantes donde ya se había identificado como corredor de trata de mujeres”, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
El papel de la trata de personas en los feminicidios aún debe ser examinado, añadió de la Luz, y podría representar cifras desconocidas de secuestros en el estado. Algunas mujeres desaparecen y nunca son vistas de nuevo o a veces los cuerpos aparecen sin ser identificados.
Peticiones ignoradas
Desde 2012, el término feminicidio ingresó en la ley federal mexicana para distinguir el asesinato de una mujer como crimen violento.
Para que se considere feminicidio, la víctima debe mostrar signos de violación o mutilación o haber tenido un historial de abuso, discriminación o violación a manos del sospechoso.
En los años siguientes, 16 estados adoptaron leyes relacionadas, incluyendo al Estado de México, el cual tiene incluso una fiscalía especializada dedicada a atacar este problema.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), así como varias organizaciones y grupos civiles que buscan esclarecer los asesinatos de mujeres, dicen que estas leyes y agencias siguen siendo incapaces de conseguir justicia para las víctimas.
Mientras tanto, el simple uso del término “feminicidio” sigue estando en disputa.
Quienes critican su uso han señalado que la gran mayoría de víctimas de homicidio en México son hombres. No obstante, los expertos señalan que el feminicidio deriva del odio relacionado al género de la víctima, el cual se evidencia con la mutilación de los cuerpos, con signos de violación sexual o tortura en ellos y con el hecho de cómo intentan esconderlos en terrenos baldíos o canales.
A pesar de que México tiene las condenas más largas en Latinoamérica para las personas encontradas culpables de feminicidio, las penas parecen no disuadirlos.
Después de todo, en el país los crímenes son rara vez investigados y castigados. En 2013, 98.3 por ciento de los crímenes estuvieron libres de juicio, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014.
En contra de la aparente indiferencia por parte de los oficiales, grupos independientes han luchado en el Estado de México para que el problema sea más visible, víctima por víctima.
Durante más de un año estos grupos se han reunido para protestar afuera del palacio municipal del Edomex en Toluca para exigirle a las autoridades que establezcan un protocolo llamado “Alerta de Género”, cuyo fin es forzar al gobierno a que le den prioridad a los asesinatos de mujeres.
Los manifestantes sostienen fotografías de sus seres queridos asesinados y llevan cruces rosas —ya un símbolo internacional de feminicidio— para presionar a que el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, adopte y active la “Alerta de género”.
En años recientes los representantes del OCNF han documentado al menos 600 casos que tienen algunas características de feminicidio y que las autoridades del Edomex no han logrado investigar propiamente. Siempre que se reúnen en Toluca, los manifestantes se encuentran con un burócrata y la petición para establecer la alerta es ignorada.
VICE News intentó, sin éxito, recaudar cifras exactas sobre feminicidios en el MP de Chalco, el cual investigaba el caso de Valeria Mora, así como con el fiscal estatal, el gobernador e incluso el presidente de México. Ninguna de estas instancias respondieron a nuestras reiteradas peticiones.
Podría decirse que la hostilidad hacia esta crisis es endémica. En abril, el secretario de gobierno mexiquense, en representación del gobernador Eruviel Ávila, dijo: “¿En el Estado de México es donde más delitos contra mujeres hay? ¡Sí! Pero también es donde existen más mujeres”.
De forma paralela a nuestras peticiones, VICE News realizó una solicitud de información para obtener cifras oficiales sobre asesinatos de mujeres en el Estado de México durante la última década. Tras seis meses de discusiones legales, las autoridades entregaron un documento de tres páginas —que contenía información que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya había divulgado— con un conteo de asesinatos para tres años que no distinguían entre víctimas femeninas y masculinas.
“La cuenta ni siquiera es correcta”, dijo una fuente que trabajó para el Servicio Forense del Estado de México. “Están escondiendo la cifra real”.
Esta fuente se negó a ser identificada por miedo a que él —o peor aún, su familia— pudieran recibir represalias por revelar información interna sobre el manejo de las investigaciones de homicidios en el Estado de México.
El ex investigador nos mostró fotografías sin publicar de las morgues estatales, las cuales mostraban cuerpos llenos de moscas o apilados indiscriminadamente en refrigeradores abiertos. Nos dijo que estas condiciones eran lo normal.
El canal de Chalco donde el equipo excavaba para encontrar a Valeria Mora es uno de varios que alimentan al Río de los Remedios. En los últimos años el canal también ha servido como un cementerio clandestino para las mujeres asesinadas.
El sitio fue noticia nacional cuando el año pasado cuando se encontraron 7,000 restos óseos durante un dragado general de 19 kilómetros del canal. Las autoridades negaron que el descubrimiento fuera evidencia de una masacre y dijeron que la mayoría pertenecían a animales.
Sin embargo, el jefe del comité de seguridad pública del Edomex, Octavio Vargas, dijo a VICE News que el procurador general de justicia admitió que al menos 16 cadáveres eran de mujeres.
Son pocos los familiares de víctimas que llegan a conseguir un poco de justicia. Algunos han luchado contra la burocracia mexicana durante años antes de poder ver un avance satisfactorio, tal como lo han hecho los padres de Mariana Lima Buendía desde 2010.
Lauro Lima e Irinea Buendía están convencidos de que su hija Mariana Lima Buendía fue asesinada en junio de 2010 por su esposo, un judicial del Estado de México, tras varios ataques y amenazas de muerte.
Su caso está detallado en el libro de Padgett y fue examinado en el documental de VICE News Los feminicidios del Estado de México.
El 25 de marzo la familia Lima Buendía asistió a una sesión en la Suprema Corte para apelar la legislación actual sobre el caso de la muerte de su hija, la cual fue catalogada como suicidio. Ese día la Suprema Corte —al otorgar un amparo— decretó que se reabriera el caso de Mariana Lima Buendía y ordenó a las autoridades del Estado de México que investigaran su muerte como un probable feminicidio.
El caso, dijeron los abogados, marcó un precedente que hará que todos los asesinatos de mujeres sean investigados como probables feminicidios.
“Este es un paso muy decisivo, en donde la Suprema Corte está reconociendo todas las fallas de que adoleció nuestra averiguación previa”, dijo la señora Buendía entre lágrimas a VICE News al salir de la Corte.
Julio César Hernández Ballinas, el judicial que llamó a Irinea Buendía en junio de 2010 para decirle que Mariana Lima Buendía “se había colgado”, fue suspendido de su trabajo y está bajo investigación, dijo la procuraduría a VICE News a principios de este mes.
Sin embargo, Rodolfo Domínguez, el abogado que representa a los Buendía frente a la Suprema Corte, dijo el domingo que recibió información encontrada sobre el estatus de Hernández Ballinas.
“La realidad es que no tenemos claridad de qué es lo que hicieron [a Hernández Ballinas]. Al final nos dieron versiones no claras”, dijo Domínguez a VICE News. “Algunas veces nos dijeron que lo habían detenido, suspendido o [que estaba en] investigación al interior de la Procuraduría. No sabemos realmente si lo cesaron o qué”.
Irinea Buendía ahora está asistiendo a nuevas audiencias en el Estado de México, añadió Domínguez, y se ha creado un equipo de investigación especial para el caso de su hija. Con todo, la justicia aún no está garantizada.
De vuelta en Chalco, Roberto Mora, un albañil, aún está buscando a su hija.
En un extraño giro, un mes después de la búsqueda en el cauce del río, las autoridades llamaron a Mora para informarle que el cráneo encontrado no era de su hija Valeria. Dijeron que ni siquiera era un cráneo humano, sino que era de plástico, aunque tomando en cuenta la historia del Río de los Remedios, esto parece dudoso.
VICE News no pudo verificar esta información.
Ahora, a más de seis meses de la desaparición de Valeria, Roberto Mora está harto y cada vez más desesperado por encontrarla. Y mientras que Irinea Buendía y Lauro Lima han llegado a las instancias más altas de justicia, en su búsqueda por justicia para su hija, el caso de Valeria Mora permanece abierto y sin resolver.
“Seguiremos en esta lucha de justicia. Eso es lo único que queremos”, dijo Irinea Buendía en marzo en los escalones de la Suprema Corte. “Cualquier mujer mexicana puede estar en el caso de mi hija”.
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