El camino del gasoducto: amenazas y despojo

El señor Lorenzo se niega a vender su terreno para que por ahí pase el gasoducto. Sobre la carretera que va de la Pirámide de Cholula hasta Paso de Cortés, en el parque nacional Izta-Popo, arriba del volcán, se ve marcada con enormes piedras la entrada al pedazo de tierra que posee. Él vive en Nealtican con su esposa Claudia, quien también sufrió el acoso y la presión de las autoridades municipales y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que vendieran. Los amenazaban con que si no vendían ahora, los expropiarían en un futuro. “Ya les dije que no, ¿por qué siguen insistiendo?”, cuestiona don Lorenzo, sentado junto a su esposa en el comedor de la casa de otra de las integrantes del Comité Ciudadano en San Buenaventura Nealtican.

Los empleados de la CFE que estuvieron insistiéndole a don Lorenzo fueron Vicente de la Cruz Santiago y Raúl López Cartas –este último nombre se repetirá como una constante en casi todas las denuncias de acoso para orillar a los propietarios a vender sus terrenos–, pero no fueron los únicos que insistieron.

La manera de “negociar” de las autoridades en conjunto con la CFE ha sido presionar para que los dueños vendan.

El amparo ganado en junio del año pasado que suspende temporalmente todo el trazo del gasoducto fue desconocido incluso por el ex presidente municipal, que dijo que ese amparo no valía. Y este año comenzó con los rumores de que los habitantes de la zona del volcán estaban pensando en hacer autodefensas, en cuidarse ellos mismos. Porque si las propias autoridades desconocen la ley, ¿entonces qué queda? Ante la opinión pública pareciera que el gasoducto ya pasó. Todos coinciden en eso. Aunque el Comité de Nealtican ha optado por tener una lucha por la vía legal, esperando que las autoridades federales respondan ante la violación que la CFE hizo del amparo, y a la espera de la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que tiene todo un expediente sobre el tema.

En la mesa rectangular hay sentadas ocho personas, entre ellas Fernando Cuéllar, representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, quien explica que los pobladores están sometidos a una constante presión y acoso de las autoridades municipales, estatales y de la CFE, apoyados por la policía municipal y estatal, para que vendan.

Y pareciera que tanto el gobierno como la Comisión primero investigan a fondo a los ciudadanos que quieren que vendan sus predios. A Diómedes Grande Romero, habitante de Nealtican, también la querían obligar a vender su predio. No recibió ningún aviso cuando las máquinas ya estaban en su terreno, abriendo una brecha de 30 metros, echando a perder las cebollas que cultivaba. Un grupo de policías la rodeó, “¿Por qué?, ¿hice algo malo?”, dice. Como no cedió dejaron de presionarla, al menos temporalmente. Para acosarla también utilizaban a los vecinos, dejándole mensajes para ella o pidiéndoles que la convencieran. Hasta el presidente municipal fue a buscarla.

Las hijas de Diómedes tienen miedo. Le dicen que tenga cuidado, no les gusta que llegue tarde, que salga sola. “Ellos saben que estoy sola”, dice en referencia a que es madre soltera, y por esa parte han intentado presionarla. Raúl López, de la CFE, le propuso que se vieran a solas para platicar del tema. Ella se negó.

El gasoducto atravesó también la historia de una familia: los Romero Osorio. De cuatro hermanos, dos fueron convencidos de vender sus partes del terreno, herencia familiar. Tomás y Andrés se niegan a vender, y el asunto se convirtió en un problema familiar. Y como los otros dos ya vendieron, Andrés y Tomás temen que después les puedan quitar a ellos las partes que les corresponden.

La presión del gasoducto es una amenaza constante y silenciosa. Entre la más aparente quietud que sólo se ve alterada con la constante caída de ceniza de Don Goyo, como le llaman al volcán Popocatépetl, San Miguel Papaxtla, una junta auxiliar perdida entre el verde de las montañas que se tuercen, vive en la tensión. De ahí es el señor Claudio Rosas Grande, a cuyo terreno entraron el sábado 21 de febrero un grupo de trabajadores de la CFE, policía estatal y federal, militares y personal de la Dirección General de Gobierno del Gobierno del Estado que encabeza Rafael Moreno Valle. La incursión, que explica Fernando Cuéllar puede ser calificada incluso como despojo, pues el decreto expropiatorio estaba a nombre de una persona muerta y no tenía el nombre de don Claudio, fue una especie de llamada de atención. La policía vio todo y no hizo nada, la policía acompañaba y resguardaba a los que querían quitarle, a la fuerza, el terreno a Don Claudio. Las comunidades del gasoducto están solas.

La casa de Don Claudio está en una pequeña loma a la entrada de Papaxtla. En el cobertizo están sentadas otras personas que viven en la junta auxiliar, que también cuentan los problemas que han tenido. Se han negado, también, a vender, porque no quieren que los tubos atraviesen sus terrenos. Son gente que vive del campo. La única mujer que está presente desde el inicio de la reunión, originaria de Papaxtla, dice que todos necesitan del campo: al final del día, los trabajadores de la CFE comen lo que ellos siembran en sus terrenos.

Cuéllar cree que el gran favor que hizo el gasoducto es poner a flote todos los problemas que pasan en los municipios: la corrupción, la ausencia de programas de desarrollo social, el abandono de comunidades y pueblos que llevan décadas viéndose exactamente igual. A tan sólo 20 kilómetros de la ciudad de Puebla se vive en medio de una problemática de ausencia de procuración de justicia y tenencia de la tierra. Además, con la llegada de elementos de la Policía Federal a Nealtican y otros municipios cercanos, los vecinos dicen que la inseguridad se ha incrementado. Sin dudarlo, tanto quienes viven en la cabecera como en Papaxtla asienten con la cabeza al mismo tiempo.

Mientras la capital del estado se moderniza todos los días con más y más puentes y más y más atracciones turísticas, basada en la política centralista del gobernador Rafael Moreno Valle, una bomba de tiempo sigue avanzando. En las faldas del volcán crece la amenaza de una obra que Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha advertido muy peligrosa y perjudicial para la zona. El ordenamiento territorial que se hizo hace años fue precisamente para evitar que esa área se poblara y se industrializara por la cercanía con el volcán y su actividad constante. El peligro latente no viene sólo de una explosión de Don Goyo, sino de un reventar también de los que viven cerca de él.

http://ladobe.com.mx/2015/03/el-camino-del-gasoducto-amenazas-y-despojo/