Sonora: la nueva guerra contra los yaquis
Adolfo Gilly/La Jornada
Una sentencia fallida, informe de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, integrada por más de 25 organizaciones y redes de defensa de los derechos humanos, llega hoy a esta Universidad Iberoamericana para hablarnos de una guerra interminable: la guerra del yaqui, una historia de siglos de despojo y exterminio sólo interrumpida en el periodo del general Lázaro Cárdenas, cuando por decreto presidencial se tituló el territorio de la tribu yaqui y se le reconoció su derecho a 50 por ciento del agua de la presa La Angostura. Todo esto hoy está borrado.
Allá por 1977, en un coloquio en Cambridge, Gran Bretaña, Héctor Aguilar Camín definió con precisión este proceso plurisecular:
Es probable que la historia yaqui de 1876 hasta 1930 deba escribirse como si la Revolución Mexicana no hubiera existido. Porfiriana o revolucionaria, la represión contra el yaqui en Sonora obedece al mismo impulso histórico y a un contexto social parecido; su saldo, por tanto, es el mismo anecdotario terrible. Se trata de un proceso unitario en el que la civilización arranca a la tribu las tierras más fértiles de Sonora y vence su resistencia mediante una guerra despiadada que se propone en sus momentos culminantes la erradicación y el exterminio.
Más de una vez esta historia ha sido referida, la más reciente, a cuanto conozco, por Paco Ignacio Taibo II en su reciente libro Yaquis – Historia de una guerra popular y de un genocidio en México. En su presentación, dijo el autor: A lo largo de los años explorando el pasado de México he encontrado historias canallescas y miserables, pero de todas, ésta es la peor y al mismo tiempo la más grandiosa.
Hoy, a esa tribu yaqui el gobierno y los ricos de Sonora, con la aquiescencia silenciosa de las autoridades federales, le están robando las aguas de su río y con ellas su derecho a la vida.
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Desde el año 2010 el gobierno de Sonora autorizó la construcción del acueducto Independencia para trasvasar, desde la presa El Novillo, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. La tribu yaqui no fue consultada. La tribu llevó el litigio en defensa de sus derechos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo de 2013 la primera sala de dicho tribunal confirmó el amparo al petitorio de suspensión de las obras y ordenó la consulta previa a la tribu yaqui antes de proseguir con las obras ya emprendidas. Esta resolución no fue acatada por el gobierno de Sonora.
Desde hace más de un año, sin que se haya realizado la consulta, el acueducto Independencia está en operación, produciendo un daño irreparable por la extracción continua de volúmenes de agua del río Yaqui, dice el informe de la Misión Civil, y continúa despojando a los yaquis de su agua y de su derecho a la existencia. De esta política de erradicación y exterminio nos dirá hoy aquí la Misión Civil de Observación.
Parte de esa política es la represión actual. Entre los hechos más relevantes, dice el informe de la Misión, se encuentra el encarcelamiento de representantes de la tribu yaqui que participaban activamente y de forma pública en el proceso de interlocución con las autoridades federales. Encarcelar a los propios interlocutores, en buen castellano, se llama felonía, nada extraña en quien se propone culminar la erradicación y el exterminio.
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Mario Luna Romero es defensor de la tribu yaqui, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam y uno de los voceros de la tribu en el conflicto del acueducto Independencia. El 11 de septiembre pasado, a las 9:30 horas, fue apresado en Ciudad Obregón por personas vestidas de civil y trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora en esa ciudad. Allí fue acusado de los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. Trasladado al Cereso 2, sólo hasta las 18:45 se permitió el ingreso de sus abogados defensores. El 17 de septiembre de 2014 se le dictó auto de formal prisión. Hasta hoy continúa preso en el Cereso 2 de Hermosillo.
El 7 de octubre de 2014 la defensa presentó un amparo demandando su libertad. Todavía no se ha resuelto. ¿En qué condiciones está ahora el defensor de la tribu yaqui Mario Luna Romero, reconocido como interlocutor por las mismas autoridades que hoy lo mantienen encarcelado? Dice al respecto el informe de la Misión Civil:
Mario Luna Romero está recluido en una celda de puro cemento de 3 por 4 metros, en condiciones extremas de calor y frío, ubicada en el piso superior de una carpintería. Está expuesto todo el día a ruidos industriales producidos por el compresor de aire y por las sierras de madera. Se encuentra en un área de ocho celdas individuales donde están recluidas 13 personas más, en condición de precario hacinamiento, insalubre, con fuerte contaminación de cucarachas, moscos, grillos y mosquitos; no se le proporciona jabón ni papel sanitario. Tiene limitada el agua entubada, que de por sí no es potable, a tres raciones al día durante media hora, que sirve para higiene personal y drenaje sanitario. Para beber utiliza esa misma agua, la que tiene que hervir. Por ello, desde los primeros días de su reclusión, sufre de continuas infecciones estomacales. A esto hay que agregar el estrés causado por el continuo ruido de la carpintería.
La Comisión Civil registra otros datos sobre las condiciones precarias y humillantes en que las autoridades del gobierno de Sonora mantienen a los presos del Cereso 2, y agrega: Cabe señalar que en los últimos dos años han ocurrido 10 suicidios de presos en el Cereso 2 de Hermosillo.
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Fernando Jiménez Gutiérrez, defensor de derechos humanos y vocero de la tribu yaqui, también representa a su comunidad en el conflicto por el acueducto Independencia. Fue apresado el 23 de septiembre de 2014 y se le acusa de los mismos supuestos delitos que a Mario Luna.
Una vez en el Cereso 1 de Hermosillo, dice el informe de la Misión Civil, fue encadenado por 6 horas al barandal de una escalera, en lo que se le asignaba una celda, y se asignó un uniforme de color naranja que ningún otro preso porta. El 6 de noviembre recibió la visita de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Hasta entonces lo habían mantenido con ese uniforme, encerrado en la celda 23, de 3 por 4 metros, que compartía con otros seis reos. Sólo se le permitía la salida durante las visitas, encadenado de pies y manos. Se le prohibió el acceso a las canchas y patios. (…) Incluso un comandante de la vigilancia se sintió obligado a disculparse: Yo no tengo nada contra ti, pero órdenes son órdenes.
Tal vez el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, egresado de la Universidad Humanitas de la Ciudad de México y miembro del Partido Acción Nacional, pueda averiguar e informarnos quién dicta tales órdenes inhumanas.
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Estas condiciones de encierro carcelario de los representantes yaquis tienen doble intención: por un lado, doblegar su voluntad de resistencia e intimidar y castigar a sus compañeros, familiares, amigos y defensores; por otro, humillar a la tribu yaqui, perenne objetivo de la guerra contra los pueblos indios de México y contra toda resistencia organizada al despojo y a la humillación.
A esto se agregan los medios de información que llevan una campaña racista contra los yaquis, mientras el gobierno los llama criminales y los ha desconocido como pueblo indígena. Lo confirma el informe de la Misión Civil: El discurso del gobierno pretende estigmatizar a los yaquis como los opositores del acueducto que no quieren otorgar agua a los ciudadanos de Hermosillo, con lo que busca generar rechazo y desprecio de la opinión pública hacia los yaquis.
Esta guerra contra los pueblos indios ha adquirido nueva intensidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bajo formas diversas cubre hoy todo el territorio nacional. Cinco pueblos yaquis –Vícam, Cócorit, Belem, Bácum y Pótam– han venido denunciando los daños graves e irreparables que afectan el territorio, el agua, la salud, la alimentación y los derechos sobre el caudal del río Yaqui, que también afectan a los pueblos de Rahum, Huirivis y Tórim. En conjunto, los ocho pueblos yaquis mantienen una población aproximada de 45 mil habitantes. ¿Se propone la presente campaña la erradicación y el exterminio para quedarse por fin con lo que resta de sus tierras y aguas?
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lejos de ser un episodio accidental y aislado, forma parte de esta larga guerra contra los pueblos indios de México. Nos importa comprender esta relación para ver la magnitud de la ofensiva de estos tiempos y la importancia crucial de la actividad de los organismos de defensa de los derechos humanos frente a la indiferencia o la complicidad de las organizaciones partidarias que sólo viven y se afanan en el mundo de la política institucionalizada. Pero este es otro tema que no nos toca hoy abordar ni dilucidar.
Universidad Iberoamericana, Santa Fe, México, DF, 24 de febrero 2015