Tamaulipas, primer lugar en desapariciones
El Economista
JORGE MONROY
Con un total de 5,293 personas desaparecidas, Tamaulipas es la entidad con el mayor registro de desapariciones, seguida de Jalisco y el Estado de México. En conjunto, las tres entidades registran 9,162 desapariciones desde el 2007, y años anteriores.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Púbica (SNSP), existen 23,271 personas que siguen sin paradero desde antes del 2007, de las cuales 12,696 desaparecieron entre el 2012 y el 2014.
De esa cifra de personas, en Tamaulipas -el estado que desde hace más de un década enfrenta problemas de seguridad por rivalidad entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo- han desaparecido 5,293 personas.
Con 2,139 personas desaparecidas, el estado de Jalisco es la segunda entidad con más casos. En Jalisco es conocido que operan grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, Los Zetas, entre otros.
El Estado de México, la entidad más poblada del país, obtiene el tercer puesto con más casos de desapariciones registradas desde el 2007 y años anteriores, con un total de 1,730 personas.
Otras entidades en focos rojos son Coahuila con 1,428 personas desaparecidas; Sinaloa, con 1,393 desaparecidos; Nuevo León con 1,138 desaparecidos; Chihuahua, con 1,145 desapariciones.
También Baja California, con 1,157 desaparecidos; Guanajuato, con 1,088 personas no localizadas; y Michoacán con 985 casos.
En Sonora, 779; en el Distrito Federal, 664; en Puebla, 776; en Guerrero, 590; en Veracruz, 499; en Hidalgo, 306; en Durango, 375; en Querétaro, 293; en Zacatecas, 207 casos.
Aguascalientes registra 191 casos; Colima, 183; Tabasco, 167; Quintana Roo, 150; Chiapas, 105; Morelos, 84; Campeche, 76; Yucatán, 83; San Luis Potosí, 52; Baja California Sur; 22; Tlaxcala, 15; y Nayarit, con 12 casos.
El viernes pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU expresó su preocupación por las desapariciones forzadas en territorio mexicano. Ello mereció que el gobierno mexicano endureciera sus respuestas a las críticas de organismos internacionales de derechos humanos, argumentando que esas recomendaciones no reflejan adecuadamente la información presentada.”
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