Coyotepec, la violenta codicia por su agua
Heriberto Paredes Lunes
Coyotepec, junto con Chalco y Tecamac, es uno de los municipios que cuentan con un sistema comunitario de administración del agua. Los mantos acuíferos también entran en esta forma de administración. Ubicado en el nororiente del Estado de México, rodeado de la carretera México-Querétaro, las vías férreas que surcan desde Buenavista hasta Huehuetoca y una zona favorable para la construcción de fraccionamientos, Coyotepec es también poseedor de una amplia cantidad de agua por lo que su control se vuelve estratégico, sea para el desarrollo y beneficio de la comunidad (aproximadamente 40,000 habitantes) o para que los negocios de particulares y políticos ligados al Partido de la Revolución Institucional (PRI) se fortalezcan. Esta es la disputa: el agua como derecho para beneficiar y promover la vida o bien como mercancía capitalizable para quien pueda pagarla.
No se trata de una problemática nueva o de la que recién se tengan datos, en realidad desde hace ya casi una década esta zona ha sido objeto de varios proyectos de infraestructura que han ido transformando el panorama. Coyotepec ahora resulta un punto más en la cadena de municipios que tienen que debatirse internamente por un conflicto creado desde afuera por intereses económicos y políticos ligados al PRI y a sus mafias. Otros ejemplos son San Francisco Xochicuautla, San Pedro Tlanixco y San Lorenzo Huitzizilapan, los cuales, de maneras diferenciadas, luchan por la defensa de sus bosques de agua, mismos que captan el agua de la lluvia a través de sus mantos freáticos y alimentan el sistema Cutzamala, el cual dota de agua a la Ciudad de México.
Por lo menos desde el 9 de junio de 2013 –fecha en la que ocurre un episodio represivo contra una buena parte de la población de la cabecera municipal al oponerse a una asamblea amañada– Coyotepec transita entre la población organizada que lleva la administración del agua y los ataques e intentos fallidos del presidente municipal, Alfredo Anguiano, para municipalizar el control del líquido vital.
El sistema de administración de aguas es tarea de toda la comunidad
Con anterioridad a la llegada del priísta Alfredo Anguiano a la presidencia municipal de Coyotepec, el sistema de administración de aguas se encuentra separado de la estructura de gobierno aunque su control significaba una plataforma para llegar al cargo de edil. Si se tenía el control de los tres pozos principales, Chautongo 1 y 2, así como el Central, se podía esperar que el siguiente escalón fuese el ayuntamiento. Jesús Díaz comenta que
los compas que estaban en el sistema de aguas en ese momento, en el 2011, también del PRI, entonces ya se estaba haciendo ahí una, ya se estaban acoplando para que lo pudieran hacer municipal, ya se estaba acomodando la historia ahí. Entonces con muchos compañeros, ahora con Tomás [Meza, presidente del sistema de administración de aguas], con gente del barrio, de aquí de Chautongo y de otras colonias empezamos a salir a las calles y a organizar a la gente, les empezamos a explicar cómo estaba el problema y cómo iba a caminar. En un 2 de octubre de 2012, logramos convocar a gran parte de la comunidad en la explanada municipal y el objetivo era que la comunidad en consenso público y abierto autorizara poder destituir a los compas que estaban en ese momento. Y es como logramos entrar […] entonces ya la misma comunidad dijo, a ver, vamos a organizar un nuevo comité y es como llega Tomás como presidente del sistema de aguas y los que luego lo reforzamos.
Con el cambio de gobierno municipal y el control comunitario del sistema de aguas –ejercido a través de asambleas y decisiones informadas, es decir, según lo que los habitantes llaman usos y costumbres– viene el conflicto abierto. El 9 de junio de 2013, fecha que da nombre a la organización que defiende el agua, el alcalde lleva a cabo una asamblea en donde declara que los pozos de Coyotepec son ya municipales, entre los asistentes hay gente pagada que viene principalmente de Tepotzotlán y algunos grupos de choque que tensan la situación. Buena parte de la población se opone y decide bloquear la carretera México-Querétaro en el km 50. No tarda mucho para que la policía municipal y la estatal lleguen y desaten un escenario violento que culmina con varios heridos, dos personas reportadas como fallecidas y muchos afectados por los gases lacrimógenos disparados desde posiciones en tierra y desde helicópteros.
El sistema de aguas está regido desde entonces por un personal administrativo que ha tratado de compilar –en una base de datos electrónica– la información respectiva al cobro de cuotas por el servicio, los adeudos y el padrón de beneficiados, alrededor de 80,000 si se toman en cuenta los habitantes de otros municipios colindantes como Huehuetoca y Tepotzotlán. La comunidad designó a Tomás Meza como presidente del sistema y Jesús Díaz como tesorero, ambos han sido agredidos físicamente, han recibido amenazas y el primero incluso fue privado de su libertad durante varias horas y encerrado en una oficina de la presidencia municipal. El trabajo que han desarrollado, además del aspecto informativo sobre el conflicto, es la reestructuración de la administración del sistema, que antes, en manos de ambiciosos personajes, era un desastre.
«Recuperamos varios discos duros y la base de datos, capturamos cerca de 15,000 que quedaron varados y que obviamente no nos permitían la cobranza, operar administrativamente era imposible y luego teníamos dos pozos a tierra, de los tres que conocen, el centro, el Chautongo 1 y el Chautongo 2, el del centro y el 1 estaban deshabilitados, sólo funcionaba el Chautongo 2 y tuvimos que, sin un peso, poderlos recuperar. Todo eso nos llevó como 8 meses. Después, ya recuperado todo, viene el cambio de gobierno municipal, en el 2013, se viene un nuevo presidente y ya un poquito nos coqueteaba en el sentido de que ‘vamos a trabajar, nos vamos a llevar muy bien, no pasa nada yo vine a ayudar al pueblo’. En reuniones extraoficiales nos empiezan a insinuar que lo mejor para el pueblo es que ellos administren el sistema de agua. Les dijimos que no veníamos a eso, que no habíamos quedado en eso, quedamos en que iban a apoyar incondicionalmente y que todo el rezago moratorio dentro de los usuarios lo íbamos a recuperar juntos. Ellos dijeron: no, primero pásenlo para acá y después hablamos, pero además les vamos a dar sus puestos, tu vas a seguir siendo el director y tu vas a seguir administrando las finanzas y van a ganar.. ¿cuánto ganan? ¡Por favor, van a ganar más! Obviamente nunca aceptamos».
El agua como mercancía
Cada día es más claro que el agua, los mantos acuíferos y el control de la distribución del líquido son una pieza central en el reacomodo económico capitalista. El agua se ha convertido en unos de los elementos fundamentales para la planificación de proyectos como aeropuertos, corredores turísticos, conjuntos inmobiliarios, centros de turismo exclusivo; donde hay agua, el gobierno mexicano a través de los distintos niveles administrativos, comienza procesos de despojo y de conflicto. Lo respaldan empresas nacionales y extranjeras con intereses en altos beneficios económicos.
Tal y como lo explica de manera muy sucinta el dictamen de la Preaudiencia multitemática regional del Oriente del Estado de México perteneciente al Eje Devastación ambiental y derechos de los pueblos, «las políticas del agua de México importan modelos de otros países, particularmente de Francia. En los dos casos [Coyotepec y Chalco] se debe lamentar la incapacidad de retomar y entender las tradiciones mexicanas. En los dos casos, estamos en presencia de un proyecto de aculturación dirigida». Es precisamente en este sentido que el sistema de administración de aguas que la comunidad de Coyotepec retomó y reorganizó es fundamental, primero porque va en contra de la lógica que mercantiliza el agua y en segundo lugar porque amplia y asegura en su dimensión el derecho al acceso al líquido vital, mismo que es violentado por las autoridades municipales.
En el mismo orden de ideas, el dictamen continúa su explicación de la lógica mercantilista que el Estado mexicano pone en práctica desde el más bajo nivel de gobierno: «La inyección de capital privado en este espacio se presenta a su vez como una exigencia lógica: sólo las leyes anónimas del Mercado serían capaces de asignar eficientemente el agua disponible tomando en cuenta las necesidades de todos los usuarios y consumidores. Simultáneamente, esta nueva situación es presentada a los inversionistas como una buena oportunidad de negocio en la que los tres niveles de gobierno están dispuestos a asumir los “costos de saneamiento”. En México, la transferencia de autoridad del gobierno hacia las compañías privadas obedece al esquema siguiente: primero, se trasfiere de las municipalidades al Estado. Acto seguido, el Estado transfiere esta autoridad a los organismos operadores de cuenca, es decir, ya prácticamente, a las compañías compradoras»
Que Alfredo Anguiano, presidente municipal de Coyotepec insista –utilizando todos los mecanismos a su alcance, incluyendo la violencia– en la municipalización del sistema de administración de aguas. El funcionario responde a todas luces a una lógica que mercantiliza el agua sin mayores consideraciones, pasando por encima del bienestar de la población a la que dice representar.
Sergio Velázquez, uno de los habitantes con mayor participación en el Frente Popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales afirma tajante, luego de más de dos años de lucha: «Nos oponemos a todos esos proyectos urbanos en nuestro municipio ni queremos a todos esos que están en función del manejo del agua potable».
La respuesta del ayuntamiento
Luego de la represión del 9 de junio de 2013, los habitantes de Coyotepec decidieron conformar lo que hoy se conoce como Frente Popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales, del cual también son parte quienes participan directamente en la administración del sistema de aguas. Desde entonces este ha sido el rostro para enfrentar la embestida del gobierno local que aún al día de hoy insiste en que la municipalización es la mejor opción para la organización y distribución del agua en la región. Y ante ello, las autoridades han respondido con violencia y con las agresiones directas contra integrantes del Frente.
El mismo día de formación del Frente, el entonces nuevo alcalde decidió hacer uso de la fuerza pública y mandó –como un buen primer acto de gobierno– a decenas de elementos de la policía municipal y estatal para disolver mediante gases lacrimógenos y golpes una protesta pacífica. Pero eso no fue todo.
Riesgo de privatización de pozos y despojo de tierra en el municipio de Coyotepec
Los pozos para abastecimiento local están gestionados y administrados comunitariamente. Desde hace más de 40 años la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) extrae agua de 11 pozos y usa una mega planta de bombeo para enviar agua a la Ciudad de México (en conjunto con agua proveniente de Tizayuca). Sólo uno esos pozos es de acceso posible para la administración de agua en caso de escasez y para abastecer a la población de Coyotepec; de los otros 10 pozos, toda el agua se bombea para abastecer a la población del Distrito Federal o las zonas industriales. En su información cartográfica pública y oficial (REPDA) CONAGUA no ubica ninguno de los 11 pozos donde están sacando agua. Además se puede ver que su ubicación de los pozos comunitarios es imprecisa (pozos registrados en Coyotepec en la leyenda). La población del lugar denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que está ocurriendo una violación al derecho humano al agua y afirmó que será más grave si se municipaliza el agua y junto con esto se construyen mega proyectos de urbanización.
El 10 de julio de 2013 un grupo de civiles atacó el plantón –que luego de la represión de junio habían montado los habitantes inconformes con la municipalización del agua– y agredió con arma de fuego a Sergio Velázquez. El plantón fue retirado para no exponer a las personas. El 15 de agosto de ese año Efraín Robles fue agredido con arma blanca en la puerta de su casa; el 5 de septiembre de 2013 Vicente Moreno fue apuñalado al salir de su casa aunque no por ello perdió la vida. Ya en 2015, entre el 25 de enero y el 3 de febrero los integrantes del Frente y del sistema de aguas recibieron amenazas y en dos ocasiones, Jesús Díaz fue agredido físicamente por sujetos que no se identificaron y que no pertenecen a cuerpo policiaco alguno. De estos y más abusos lleva un seguimiento el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el cual ya otorgó un mecanismo de protección para la mejor reacción posible en caso de nuevas agresiones, aunque por el momento sólo 7 personas están bajo estas indicaciones.
Y por si esto no fuera poco el 11 de noviembre de 2013, el edil priísta Alfredo Anguiano, «mandó una carta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en donde le solicita suspender el servicio eléctrico a los pozos y así fue; la ciudadanía decidió reconectarse por su propia iniciativa para seguir teniendo el servicio de agua potable» continúa Sergio Velázquez. Durante todo el año siguiente la situación se mantuvo en tensa calma hasta que, finalmente, el 13 de noviembre de 2014 la CFE suspendió el servicio a los pozos localizados en el barrio de Chautongo y, finalmente, el 17 de diciembre del mismo año, se cortó el suministro eléctrico al pozo Centro dejando a todo el municipio sin el servicio de agua potable. Lo anterior significa una grave violación cometida por el Estado mexicano, a través de su institución CFE, primero el derecho humano al acceso al agua y en segunda instancia el artículo 4 de la Constitución mexicana, el cual consagra este mismo derecho para todo ciudadano que resida en nuestro país.
Las formas que utiliza el gobierno municipal de Coyotepec son las mismas que se usan en el resto del país –detalles más, detalles menos– y que se basan en la división de las poblaciones para imponer los proyectos económicos que determinarán el rumbo que el gobierno federal destine al país. Se trata de formas clásicas del priísmo más recalcitrante que amenazan con ser parte del quehacer político durante muchas décadas más. Y por si esto ni fuera poco, al generar grupos armados también favorecen a la creación de bandas delincuenciales que van diversificando cada vez más sus actividades. En Coyotepec, por ejemplo, luego de algunas denuncias hechas por habitantes de este municipio, se puede relacionar el robo de casas habitación y el secuestro como delitos cometidos por los mismos grupos que apoyan al presidente municipal y llevan a cabo el trabajo sucio.