Estado de México, de los más represores del país desde tiempos de EPN: pueblos y defensores
ALDABI OLVERA
Pueblos originarios y organizaciones sociales mexiquenses denunciaron que los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2006-2012) y Eruviel Ávila (2012-a la fecha), así como diversos gobiernos municipales, reprimen mediante persecución, amenazas de órdenes de aprehensión, detenciones y hasta asesinatos a quienes se organizan en la entidad para defender su territorio y derechos humanos.
Los nahuas de Coyotepec, Cahuacán, Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, usuarios inconformes por las altas tarifas de la luz en Nezahualcóyotl y profesores mexiquenses denunciaron que la represión en la entidad se intensificó en las dos últimas gubernaturas para abrir paso a la imposición de diversos proyectos como el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la autopista Toluca-Naucalpan, diversos desarrollos inmobiliarios y la municipalización de la administración ciudadana del agua.
En un foro realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, integrantes de la articulación llamada Fuego de la Digna Resistencia contaron que ante el nivel de represión del gobierno mexiquense se organizaron en mayo y realizaron una caravana que fue desde Teotihuacán hasta Toluca.
Carlos Sampedro del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el único centro de derechos humanos independiente de la entidad, denunció la colusión del gobierno de Eruviel Ávila con grupos corporativos y de poder:
“El gobierno del Estado de México es de los más corruptos. Ahí está el caso de OHL, las concesiones a Grupo Higa (…) A veces el gobierno municipal apoya a cacicazgos locales para tener el control de servicios y privatizarlos”.
Agregó que el CDHZL lleva el caso de seis indígenas nahuas presos en el pueblo de Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, y del profesor Óscar Hernández Neri. Advirtió que existen varias órdenes de aprehensión en contra de activistas indígenas y actos de hostigamiento continuos, por lo que el CDHZL decidió lanzar la campaña #SuLibertadEsSuDerecho.
El profesor mexiquense César Hernández Neri, hermano del maestro preso, relató durante el foro que hace dos meses se aprobó una modificación en el código penal que criminaliza la denuncia social y una ley para detener a quien instituya escuelas sin permiso del gobierno.
Contó que la represión en el Estado de México tiene un precedente grave en San Salvador Atenco en 2006 por la detención de 211 personas y la tortura sexual contra más de 20 mujeres. Atenco fue invadido por policías federales y estatales bajo la orden de Enrique Peña Nieto en aquel año.
Vicente Moreno, defensor del agua del municipio de Coyotepec, denunció que en pleno foro su hija, quien se encontraba en las oficinas de la administración ciudadana del agua, fue amenazada de muerte.
Sampedro recalcó que en el Estado de México comúnmente se da el caso de dos o tres agresiones en contra de defensores de derechos humanos y del territorio en un mismo día.
EL AGUA DE COYOTEPEC
Tomás Mezas, también de Coyotepec, relató que su pueblo está en defensa del agua desde que el presidente municipal priísta Alfredo Anguiano intentó municipalizar el agua el junio del 2013.
Coyotepec tiene tres pozos profundos para 55 mil habitantes, son sus únicas fuentes de agua. La infraestructura de los pozos fue construida por las manos de quienes habitan este municipio ubicado al norte del Estado de México y desde 1963 la administración del agua se rige bajo un comité ciudadano.
Másde131 ha realizado diversas coberturas en el lugar. A quien escribe le ha tocado presenciar represión y disparos en contra de los habitantes.
Mezas cuenta que el 9 de junio del 2013, helicópteros lanzaron gas lacrimógeno contra pobladores que tapaban la carretera México-Querétaro para evitar la municipalización del agua. Denuncia que desde entonces su movimiento sufre hostigamiento, golpes, privación ilegal de la libertad e intentos de homicidio (Vicente Moreno ya fue apuñalado y estuvo preso en una ocasión).
Relata que Coyotepec fue rodeado de proyectos inmobiliarios llamados Ciudad Bicentenario, construidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador. Para dotar de agua esas ciudades se necesita el agua de Coyotepec.
El pasado 27 de octubre el edil Anguiano llegó con policías municipales a tomar un pozo: “Su diálogo fue apresarnos”, denuncian. Lograron salir libres en pocas horas, pero el presidente municipal mantiene el control de la fuente de agua.
“En el Estado de México siempre hemos tenido un gobierno represor” dice Mezas, “hace lo posible por despojarnos de lo que por derecho tenemos. Somos hoy presa de presión como nunca en la vida del municipio”.
Por las agresiones que sufren, tanto Mezas como Moreno son parte de la campaña #SuLibertadEsSuDerecho.
LOS BOSQUES DE MAGÚ Y XOCHICUAUTLA
Berenice Sánchez, del pueblo otomí de San Francisco Magú, en el municipio de Nicolás Romero, también es parte de #SuLibertadEsSuDerecho. Califica este esfuerzo como un “escudo” para su libertad y para seguir luchando.
“Los pueblos se desmembran cuando alguno de nosotros es tomado tras las rejas”, opina.
El bosque de Magú empezó a ser talado hace dos años para instalar 11 mil viviendas. Hay también anuencias de perforación de todos los pozos de agua para alimentar estas viviendas.
Magú tiene una administración autónoma del agua potable. Tienen también una representación regida por usos y costumbres.
Denuncia que su pueblo ha sido dividido. A ella se le culpa de motín, robo y usurpación de funciones. Las autoridades han querido llegar con ellos a procesos de conciliación: “Conciliar es olvidar a la asamblea de San Francisco Magú”, asevera.
Berenice Sánchez fue severamente golpeada el pasado 8 de marzo durante un incursión de policía en su pueblo acompañada por gente de la propia comunidad.
SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA
“Deben saber que el Estado de México es uno de los más represores”, cuenta José Luis Fernández, integrante del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que agrupa a los pueblos de Xochicuautla, Huitzizilapan y Tlanixco.
En Xochicuautla y Huitzizilapan, municipio de Lerma, se pretende imponer la autopista Toluca-Naucalpan. La concesión está a cargo de empresas filiales de Grupo Higa, empresa constructora que se vio envuelta en un escándalo por regalar una casa a Peña Nieto.
Fernández denuncia que la carretera se ha hecho sin el permiso de las comunidades. Desde hace 9 años, Xochicuautla ha tenido que viajar a diferentes partes del país y siempre encuentra situaciones similares: “es un espejo”.
Su pueblo tiene dos pozos, uno va al Cutzamala y otro a su comunidad.
En agosto de este año, Enrique Peña Nieto emitió un decreto expropiatorio para imponer una autopista que desconectaría el pueblo de sus montañas y territorio comunal. El decreto dice que el pueblo fue consultado, cosa que no pasó. La semana pasada el pueblo integró una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para refutar el decreto de Peña.
En 2013, 14 indígenas de Xochicuautla fueron detenidos. En 2014 la policía detuvo a 8. Todos salieron libres a los pocos días. Su delito: interponerse entre el bosque y las máquinas. Siempre que hay asambleas en Xochicuautla, se presentan cientos de granaderos estatales.
José Luis Fernández ha sufrido de hostigamiento. Habitantes afines al proyecto de Grupo Higa han repartido volantes en la comunidad en su contra pidiendo que se le detenga. Fernández también es parte de la campaña #SuLibertadEsSuDerecho.
ESCONDERSE EN CAHUACÁN
Trinidad Cruz del pueblo de Cahuacán, municipio de Nicolás Romero, denuncio en el foro que su hermano Jesús Cruz tiene una orden de aprehensión y es “perseguido político”.
Cahuacán posee una superficie de 2402 hectáreas. En octubre del 2014 llegaron personas con estructuras notariales que dicen que son los dueños. Los terrenos sirven para el cultivo, son también bosque y agostadero. Su hermano encabezó la defensa de este territorio, por lo que se le fabricó un delito de robo de 2700 pesos.
La orden de aprehensión se ejecutó este 2 de mayo, después de que Jesús Cruz sufriera un accidente. Al hospital llegaron judiciales con la orden, pero el defensor de Cahuacán logró escapar. Actualmente se encuentra escondido.
“Nosotros somos los que cultivamos y agarramos el azadón, si se acaban las áreas de cultura, dónde va a haber para sembrar si los campos los cubren de cemento”, dice Cruz.
EL FUNDADOR DE ESCUELAS, PRESO
El profesor Óscar Neri mandó una carta desde el Reclusorio Molino de las Flores, ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México.
“En mi travesía mexiquense atestigüé el dolor de padres y madres de desaparecidos, lloré con chiquillos adictos al solvente en tiraderos, me senté en Toluca, me contagié de las risas de los diputados, viajé en tren ligero y Mexibus llenos hasta el tope. Ya capturaron a la desolladora de Chimalhuacán. El Estado está tranquilo, el gobernador quiere platicar conmigo, pero yo estoy preso”.
Óscar Neri fundó dos prepas populares (135 y 224). Es integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del oriente del Estado de México. Se le culpa de homicidio de una estudiante de doctorado en 2007. Fue inculpado por un profesor a quien torturaron. En mayo del 2012 se emitió una orden de aprehensión y el 30 de abril del 2014 fue detenido.
Además del testimonio del profesor torturado, no hay ninguna prueba que lo inculpe.
EL AEROPUERTO DE ATENCO
Ignacio del Valle, nativo de San Salvador Atenco, preso del 2006 al 2010, contó como desde hace 14 años se quiere realizar un proyecto que jamás se les consultó a los pueblos de la rivera del Lago de Texcoco.
En un decreto de expropiación en tiempo del presidente Vicente Fox se les pretende quitar territorio para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La tierra donde se pretende instalar el aeropuerto fue trabajada por peones de haciendas, quienes lucharon por ella en la revolución y la heredaron a quienes ahora integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
En el 2006 Enrique Peña Nieto ordenó en Atenco una de las peores represiones en la historia del país.
Ignacio del Valle recalca: “quien debería estar en la cárcel por aquella represión, es el ahora presidente del país”.
En el 2014, ya en el cargo, Peña Nieto lanzó otro plan para continuar con la construcción del aeropuerto.